En el Atlántico, la brecha digital no es solo un número: es la historia de tres de cada cuatro personas que quedan al margen, desconectadas de las oportunidades que la educación, el trabajo y la vida cotidiana ofrecen en un mundo cada vez más digital.
Imagine que usted pudiese medir cuántas personas en su ciudad tienen acceso a internet fijo en casa. Esa métrica existe y se llama índice de penetración, una especie de radiografía digital que revela el panorama respecto a la conectividad que tiene una población. Durante el tercer trimestre del 2023, las cifras parecen contar la historia de dos Colombias distintas. Por un lado, las grandes capitales, donde la conectividad fluye sin mayores obstáculos o percances. Medellín lidera esta liga con casi 3 de cada 10 habitantes conectados a un acceso fijo a internet (29,35%), seguida de cerca por otras ciudades principales como Bogotá (28,48%) y Cali (23,16%). Estos números, lejos de ser simples estadísticas, trazan el mapa de oportunidades en la Colombia urbana.
Sin embargo, la realidad del Atlántico muestra un panorama muy distinto, incluso dentro de sus propias fronteras. Mientras Barranquilla alcanza un índice de penetración del 22,94%, municipios más pequeños del departamento, como lo es Piojó, a duras penas llegan al 0,15%. Esto quiere decir que, por cada mil habitantes, en la capital hay 229 puntos de acceso fijo a internet, mientras que en Piojó esta cifra no alcanza ni siquiera dos por los mismos mil. La brecha digital no solo divide, sino que amenaza con perpetuar las desigualdades en el Atlántico. Municipios como Polonuevo (0,76%), Ponedera (0,85%) y Santa Lucía (0,87%) reflejan un panorama de desconexión que afecta, sobre todo, a las zonas rurales y menos urbanizadas, donde el acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) sigue siendo alarmantemente limitado.
La brecha digital va mucho más allá de un asunto de números, es el reflejo de una sociedad desigual que deja atrás a quienes enfrentan barreras económicas y sociales. Resulta alarmante imaginar a miles de estudiantes sin acceso a internet, privados no sólo de conectar con el mundo, sino atrapados en un sistema educativo que no consigue mantenerse actualizado con las demandas actuales. Esta es la situación para numerosas familias en zonas rurales, donde el costo de la conexión y la escasez de infraestructura constituyen un impedimento que las conduce a una desconexión que afecta cada faceta de sus vidas.
Esta brecha no solo limita el desarrollo económico y social de los municipios más vulnerables, sino que también dificulta la implementación de tecnologías digitales en espacios culturales, esenciales para la preservación del patrimonio. Por lo tanto, resulta esencial el fomento de políticas públicas que promuevan la equidad en el acceso a internet, garantizando que todos los ciudadanos del Atlántico puedan beneficiarse de las oportunidades que ofrece la conectividad en la era digital.
Danna Beltrán, miembro del equipo de Redes Comunitarias de Colnodo, afirma que aún el 60% de las zonas rurales dispersas se encuentran en crisis con el acceso a internet.
"Según cifras de MinTIC que hicieron el año pasado, todavía el 60% de centros poblados y zonas rurales dispersas están desconectados."
De acuerdo con el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Informe Anual del Índice de Desarrollo de la Banda Ancha (IDBA) 2022, el acceso a internet es de vital importancia para el desarrollo socioeconómico de América Latina y el Caribe, señalando que para cerrar la brecha en los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), se requiere una inversión cercana a los 70 mil millones de dólares. Este informe subraya que la expansión de la banda ancha no solo mejora la productividad y la eficiencia de los servicios públicos, sino que también impulsa la inclusión social y abre nuevas oportunidades económicas que transforman comunidades enteras.
Más allá del desalentador panorama, Colombia ha mostrado señales de progreso en su batalla contra la desconexión y las brechas digitales. En 2023, el país celebró la llegada a 8, 93 millones de accesos fijos a internet, lo que suma 127mil nuevas conexiones respecto al año anterior. Para el caso puntual del departamento del Atlántico, MinTIC ha puesto sobre la mesa una inversión de más de 50mil millones de pesos (COP) destinados a tejer una red de fibra óptica para alcanzar a, aproximadamente, 140,000 personas en el departamento.
Y, aunque garantizar el acceso a internet en todas las áreas es crucial, no basta con estar conectado. También es indispensable crear herramientas que permitan una integración justa y equitativa en los entornos digitales, aprovechando plenamente sus ventajas: acceso al conocimiento, análisis crítico de la información difundida y una respuesta eficaz frente a ella. Como señala Danna Beltrán, la brecha digital va más allá de la conexión; es una cuestión de inclusión efectiva y uso significativo de la tecnología.
"Muchas veces se piensa que la brecha digital es solo no tener acceso a Internet, pero la brecha digital también significa no contar con las capacidades y el uso crítico de las herramientas."
Conectar hogares no es suficiente. La alfabetización digital, definida por la UNESCO como la habilidad de "acceder, evaluar, y crear información de manera segura", debe ser parte integral de cualquier estrategia para reducir la brecha digital. Sin estas habilidades, las personas no solo se quedan desconectadas, sino que también pierden la oportunidad de interactuar críticamente con la información, quedando vulnerables ante un flujo masivo de datos sin contexto ni análisis.
En Barranquilla, programas como Incentivos a la Demanda han hecho un esfuerzo notable, ofreciendo internet a estratos 1 y 2 con tarifas mensuales desde $8,600 COP. Sin embargo, estas iniciativas deben ir acompañadas de programas educativos que enseñen a las comunidades a aprovechar estas herramientas, de lo contrario, la desconexión cultural puede volverse un nuevo tipo de exclusión. Uno de los más grandes retos para reducir las brechas digitales, según Beltrán, es la falta de sostenibilidad de los programas gubernamentales y el desinterés del sector privado en zonas rurales.
“Los programas de gobierno han sido insuficientes, si bien a veces llegan a las zonas no hay una sostenibilidad en estos proyectos y eso se puede ver en muchos territorios rurales.”
En Colombia, un territorio con diversas complejidades geográficas, suelos accidentados y barreras naturales, también se elevan los costos de infraestructura. No obstante, para Beltrán, el problema no es sólo técnico, sino político.
“Es necesario reconocer a las comunidades como actores clave en la construcción de soluciones, otorgándoles recursos y autonomía para gestionar sus redes.”
Este enfoque no solo les permite a las comunidades adaptarse a sus propias necesidades y realidades, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y compromiso con los proyectos de conectividad. Cuando las comunidades tienen recursos y capacidad de decisión, pueden superar obstáculos como el mantenimiento de infraestructura o la creación de redes comunitarias que complementen la cobertura estatal. Además, su participación activa genera soluciones más sostenibles y evita la dependencia exclusiva de decisiones centralizadas, que a menudo ignoran las particularidades de cada territorio.
El Atlántico dibuja un mapa de desigualdades digitales que trascienden los números y estadísticas. Mientras la capital avanza con proyectos como "incentivos a la demanda", los municipios más pequeños quedan rezagados, con menos de dos de cada mil habitantes con acceso a internet fijo. Esta exclusión no solo limita su integración en la revolución digital que transforma la educación, el trabajo y la vida cotidiana, sino que también obstaculiza la implementación de tecnologías en espacios culturales, esenciales para la preservación del patrimonio. La ruta hacia un Atlántico más conectado demanda más que infraestructura; requiere políticas públicas que promuevan la equidad en el acceso y reconozcan a las comunidades como actores esenciales en la creación de soluciones sostenibles e inclusivas.