En los márgenes de las emisoras que son frecuentemente sintonizadas, existen límites donde el ruido mediático no llega, ahí es donde siguen transmitiendo las emisoras comunitarias. Lo hacen con equipos que han sobrevivido más de una década, con editores que también son locutores, técnicos o simplemente ciudadanos del común con una vocación por hacer parte de la contribución a la sociedad que representan.
Son estaciones de radio que no solo informan, sino que principalmente sostienen la identidad de sus pueblos, hacen pedagogía ciudadana, preservan la cultura y tradiciones, promueven derechos y, sobre todo, permiten que comunidades enteras se escuchen a sí mismas y conozcan de su cotidianidad.
En Colombia hay casi 700 emisoras comunitarias autorizadas, pero esta es una cifra engañosa. Que estas tengan una licencia no significa que también posean las condiciones reales para funcionar, o al menos como es debido. Confirmado por bases de datos, convocatorias estatales y diagnósticos oficiales, resalta un factor común: las emisoras comunitarias existen, pero están fuera del radar de las políticas públicas.
Un reciente documento del Ministerio de Cultura muestra que solo el 4 % de estas emisoras han accedido a algún tipo de financiación del Estado en los últimos cinco años. Muchas veces esto ocurre porque no cuentan con personal capacitado en formulación de proyectos, porque los requisitos son excesivos o porque ni siquiera tienen conexión a internet para enterarse a tiempo.
La radio comunitaria ha sido clave para construir nación. Desde Sutatenza hasta las emisoras indígenas de la Amazonía, desde el Caribe profundo hasta los corregimientos del Valle del Cauca, estos medios han demostrado su valor como canales de formación, organización y transformación social. Son herramientas poderosas para la participación y la democracia, pero que siguen recibiendo un trato marginal.
Las emisoras comunitarias no pueden seguir en el olvido estatal.
No se trata solo de dotarlas con equipos o entregar cheques. Se trata de cambiar el enfoque desde el que se las mira. De dejar de verlas como “radios pequeñas” o “medios artesanales” y reconocerlas como verdaderos actores del ecosistema comunicativo. Actores que requieren acompañamiento estructural, fortalecimiento institucional y, sobre todo, respeto por sus dinámicas propias.
Los gobiernos locales y nacionales tienen una deuda con las emisoras comunitarias. Mientras muchas batallan por sobrevivir en medio de la precariedad, se destinan millones a campañas publicitarias en canales privados o se concentran los apoyos en industrias culturales que no representan al país rural ni popular.
Es urgente una política pública integral que reconozca el papel de la radio comunitaria y la fortalezca desde su base: formación, infraestructura, sostenibilidad, autonomía y participación. No más planes piloto que se quedan en informes. No más mesas de diálogo que no se convierten en acción. Las emisoras comunitarias no pueden seguir en el olvido estatal.