Por: Emily Soto

En el corregimiento Eduardo Santos-La Playa los niños no tienen más opción que jugar entre charcos de aguas negras. En este sector al norte de Barranquilla no hay un sistema de alcantarillado funcional, así que desde las terrazas y zonas peatonales se asoman tubos que sacan las aguas residuales de las casas hacia las calles, donde bajan decenas de metros hasta dar con la Ciénaga de Mallorquín.

Este corregimiento y el barrio Las Flores son considerados invasiones, es decir, ocupaciones ilegales. Sin embargo, debido a que estas comunidades llevan entre cincuenta a sesenta años en la zona, se han reconocido e integrado al área metropolitana de Barranquilla con todos los derechos, deberes y protecciones que esto implica. Muchas de las familias de la zona se han dedicado a la pesca por generaciones debido a la cercanía con la Ciénaga de Mallorquín, una labor que va más allá de lo económico y que ha construido una identidad alrededor de su relación con el manglar y las espacies que habitan ahí. Es por esto que las afectaciones de este ecosistema clave para el caribe colombiano se traducen en problemáticas directas para ellos.

Según la Comisión Técnica Interdisciplinaria realizada por el Ministerio de Ambiente para entender lo que ocurría en la Ciénaga de Mallorquín, entre los barrios La Playa y Las Flores hay 35.000 personas con altas tasas de pobreza. Muchas de ellas llegaron a este lugar por consecuencia de la migración y el desplazamiento forzado, y entre la comunidad se intercambiaron conocimientos para que los nuevos habitantes aprendieran a pescar para ganarse la vida. La respuesta de las autoridades ante el incremento de la población ha sido demasiado lenta para su velocidad de crecimiento, lo que se tradujo en una densificación del corregimiento La Playa y el barrio Las Flores en el año 2021.

Fuente: Recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín, Alcadía de Barranquilla, 2023

A pesar del reconocimiento histórico de las comunidades en la zona, los problemas de pobreza y falta de alcantarillado continúan sin una solución clara. En la Ciénaga de Mallorquín se vierten las aguas residuales de unas 1.200 familias, particularmente en el sector conocido como La Cangrejera, un barrio de La Playa conformado por algunos asentamientos de migrantes venezolanos. Esto no solo afecta la salud y el bienestar de los residentes de la zona, sino que representa un riesgo latente para la Ciénaga, que por sus particularidades es uno de los ecosistemas más frágiles ante la actividad humana.

En el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023 Soy Barranquilla, propuesto por el exalcalde Jaime Pumarejo, la apuesta por una biodiverciudad fue uno de los puntos más destacados. Es así que, en su administración, la ciudad se gira a ver a la Ciénaga con mucha más insistencia ante las ideas de Pumarejo. Por esto, se plantea un Programa de recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín, en el que los objetivos principales eran recuperar: “a) La calidad de agua del sistema estuarino de Mallorquín, b) el ecosistema del Manglar, c) las playas y d) la consolidación de un parque ecoturístico”, según el Plan de Desarrollo.

A pesar de que el programa hacía énfasis en el tratamiento del agua en la Ciénaga y la protección del ecosistema, pronto todos los focos se pusieron sobre la construcción del Ecoparque Ciénaga de Mallorquín como la figura que pondría fin a todos los problemas de la zona. No solo la promoción de este proyecto por parte de la Alcaldía Distrital enviaba este mensaje, sino también entidades como el Departamento Nacional de Planeación o el Ministerio de Ambiente al justificar el financiamiento del Ecoparque por los beneficios para la ciudadanía.

En la página web oficial del DNP, su director dice: “estamos recuperando una ciénaga que tenía muchas dificultades y es un cambio de paradigma para la zona pues cambia la relación de sus habitantes con el territorio y la sostenibilidad de los ecosistemas”. De igual forma, en el sitio web del Minambiente, el entonces ministro Carlos Eduardo Correa declaró: “este proyecto trae grandes oportunidades en el desarrollo y la vida de la gente. El Gobierno ha venido trabajando en una agenda ambiental y de cambio climático, y no solo con acciones, sino también para crear una política pública que perdure en el tiempo”.

Sin embargo, estos planes dejaban algo inquietas a las personas de las comunidades cercanas a la Ciénaga de Mallorquín, como data en un acta del año 2019 sobre la socialización del proyecto con las Juntas de Acción Comunal (JACs) y los líderes de la localidad Riomar. Ahí las principales inquietudes se centraban en: ¿qué pasaría con los pescadores de la Ciénaga? ¿Cómo se solucionarían los problemas de alcantarillado de los barrios? ¿Qué pasaría con el Arroyo León? ¿Cuáles personas de la comunidad trabajarían en el Ecoparque luego de su construcción?

Desde ese momento, las personas tenían una visión clara: el proyecto de recuperación de la Ciénaga de Mallorquín debía contar un enfoque social que beneficiara a las comunidades, donde se les diera solución a problemáticas importantes del territorio y donde debía priorizarse la descontaminación del ecosistema para luego enfocarse en la construcción del Ecoparque, así como socializarse de manera óptima las aristas y planes a seguir del proyecto con cada uno de los sectores involucrados.

Para el año 2024, cinco años después la socialización mencionada, queda por escrito en el informe de la Comisión Técnica Interdisciplinaria organizado por el Miambiente con respecto a la construcción del Ecoparque lo siguiente: “manifiestan líderes sociales, ambientales y pescadores del barrio Las Flores y el corregimiento Eduardo Santos La Playa que la planificación y construcción de este proyecto no contó con la participación de las comunidades locales. En estas mesas dijeron desconocer los detalles técnicos del proyecto y las implicaciones que podría tener en su territorio, especialmente en la actividad pesquera y el ecoturismo, de sus principales medios de subsistencia”.

Las críticas sobre la falta de mesas de diálogo con las comunidades del sector al respecto del proyecto siguieron durante esos años. Así lo ha denunciado en múltiples ocasiones en redes sociales el fundador de la Veeduría Mallorquín, Pablo Pachón. Ahí deja constancia de que la Alcaldía faltó sin previo aviso a reuniones de socialización con las comunidades y que las obras de construcción iniciaron con muy pocas personas informadas acerca de los verdaderos impactos y consecuencias que tendría el Ecoparque para ellos.

Así, la construcción del Ecoparque y la recuperación de las playas de Puerto Mocho se hizo sin tener en cuenta a las comunidades, como se prometía en sus inicios, pero esta no fue la única de las promesas que se rompieron por parte del Distrito de Barranquilla.

En el programa de recuperación se trazaron unos proyectos que Jaime Pumarejo se comprometía a terminar en su administración del 2020-2023. Entre estos se encontraba el Alcantarillado en sector “La Cangrejera” del Corregimiento La Playa, que para el 7 de octubre de 2023 se anunciaba la entrega de una primera etapa correspondiente al 60% del total de la obra para finales de ese año, y que en el 2024 se tendría listo el porcentaje restante. A día de hoy escrita esta nota, 1 de junio del año 2025, no se han entregado ninguna de las etapas del proyecto que se estimaba en una inversión de 21.000 millones de pesos por parte de la Alcaldía Distrital y de la Triple A S.A. E.S.P.

En un documento que evidencia el seguimiento por parte de la CRA (Corporación Regional Autónoma del Atlántico) al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del distrito de Barranquilla, se da fe de que los tiempos anunciados por parte de la Alcaldía Distrital y la Triple A S.A. E.S.P. para la entrega del sistema de alcantarillado de La Cangrejera fueron inverosímiles. La publicación del informe se hizo el 17 de octubre de 2023, diez días después de la publicación de avances del proyecto por parte de la Alcaldía en su página web.

En el informe de la CRA se dice que: “durante la visita técnica de seguimiento y control ambiental realizada el 7 de septiembre de 2023 (...) se observó que se está desarrollando el proyecto de instalación de redes de alcantarillado y EBAR del barrio La Cangrejera en el corregimiento La Playa, con un avance en la EBAR del 50% aproximadamente en su fase I.”

La EBAR hace referencia a la Estación de Bombeo de Aguas Residuales, la cual si bien constituye una parte crucial para el desarrollo del sistema de alcantarillado, no corresponde a un gran porcentaje de avance total en el resto de la obra, como se aprecia en la siguiente tabla:

Fuente: AUTO N 979 2023 de la C.R.A

En el informe de la CRA se concluyó que los avances generales en la instalación de redes de alcantarillado del barrio La Cangrejera eran de un 26.14% con respecto a lo que se tenía planeado por parte de Triple A S.A. E.S.P. Aun así, la fecha de finalización de la obra apuntaba al 1 de enero del 2024. Por otro lado, la Corporación da cuenta de que el proyecto Medida de Mitigación sobre Ciénaga de Mallorquín planteado por parte del Distrito de Barranquilla no había siquiera empezado su ejecución.

Es así que los dos objetivos principales del Plan de Recuperación Integral de la Ciénaga de Mallorquín (la recuperación de la calidad de agua del sistema estuarino de Mallorquín y del ecosistema del Manglar) quedaron a la deriva en las manos de la administración de Jaime Pumarejo y no llega a una respuesta concreta en la administración actual de Alejandro Char (2024-2027).

Las preocupaciones de la comunidad desde las primeras y pocas socializaciones del proyecto las ha validado el paso del tiempo: Barranquilla se ha convertido en una biodiverciudad gracias a la construcción de sitios ecoturísticos, pero este solo es un título vacío ante la exclusión de participación en las comunidades de la zona y la falta de ejecución de proyectos para la descontaminación de la Ciénaga.

Luis Ávila, secretario de Asoplaya, la asociación de pescadores más grande y antigua del sector, es severo con el futuro que ve para el ecosistema: “la Ciénaga así como va, si no tiene una intervención fuerte del Estado, desaparece”.

Y con la Ciénaga, muchas personas del Corregimiento quedan desamparadas. Los pescadores serían los más afectados y lo han sido durante muchos años. Ya no tienen ni una cuarta parte de lo que antes era la Ciénaga de Mallorquín, comenta. Debido a la adquisición de terrenos, al relleno para seguir con las invasiones en la zona y la tala del bosque para construcciones como Ciudad Mallorquín, la Ciénaga se ha hecho más pequeña, pero también menos profunda.

Es por esto que ya no pescan tanto como antes y las especies como la lisa ya no crece en este sector. Hoy solo viven mayormente del camarón y de caracoles. Para Luis Ávila la pesca dejó de ser rentable desde hace unos quince o veinte años. La pesca ilícita que prolifera en la Ciénaga disminuye todavía más la posibilidad de atrapar algo de valor entre las atarrayas. El ecoturismo y nuevos proyectos de piscicultura son las alternativas que han podido encontrar los pescadores para seguir viviendo de lo que saben hacer, pero incluso esto ha traído sus problemas.

“En Asoplaya desde antes de pandemia estábamos haciendo ecoturismo, pero a raíz de que salieron un montón de asociaciones de papel, porque no son de pescadores, se han sumado a hacer ecoturismo también. Y eso le está quitando la oportunidad al pescador”, menciona Luis Ávila ante la creciente ola de organizaciones que se dedican al turismo en la Ciénaga sin conocerla. Algo parecido ocurre con el Ecoparque: “no ha conllevado a mejorar a la ciénaga, ni mucho menos al pescador porque no lo ha tenido en cuenta para nada. Nosotros le hemos pedido inclusive capacitación. ¿Quién más puede ser guía ambiental, guía turístico, si no son los pescadores que conocen la Ciénaga como la palma de la mano?”

Sin embargo, no han sido escuchados, así que simplemente ofrecen sus lanchas y servicios a los turistas de la zona y les dan un paseo por la laguna sin detenerse o acercarse mucho al Ecoparque. Tampoco pueden pensar en desembarcar en Puerto Mocho, pues lo tiene prohibido. Desde la Alcaldía se fomenta la compra del pasaje del Tren de Las Flores para llegar a la zona y así, además de recoger el dinero, pueden saber cuántas personas visitan el lugar.

Ante un panorama tan difícil, muchos pescadores renuncian y deciden dejar las redes para tomar los martillos y ponerse a trabajar en la albañilería. A veces encuentran trabajo en sitios como Villa Campestre y solo así logran llevar el sustento a sus casas. Sin embargo, cuando vuelvan a ellas, puede que el olor entre las calles les recuerde a las promesas que quedaron sin cumplir, y el color verdoso que baja por el cemento los haga pensar en el lugar al irán a parar esas aguas sucias una y otra vez. Al menos así será hasta que un día la Ciénaga de Mallorquín ya no esté ahí.

CHARLA DE ACTIVISMO VERDE

PODCAST COMPARATIVA: CIUDAD MALLORQUIN VS ALAMEDA DEL RIO

Por: Joan Consuegra

PODCAST

INTRODUCCION AL CANGREJO AZUL

El cangrejo azul de tierra (Cardisoma guanhumi) muere ante nuestros ojos. Su hábitat se ha transformado en una zona de conflicto, donde cada día se intensifica la amenaza que podría llevarlo a desaparecer. En 2022, el Libro Rojo de Invertebrados Marinos de Colombia presentó los resultados de la segunda evaluación del riesgo de extinción de estas especies, en un esfuerzo liderado por INVEMAR y el Ministerio de Ambiente. En él se advierte que muchas de las áreas donde solía habitar esta especie han sido reemplazadas por infraestructura, mientras otras han comenzado a recibir descargas contaminantes, especialmente aguas residuales y todo tipo de presiones antrópicas.

Una de las problemáticas más visibles es la que ocurre en la Circunvalar de la Prosperidad. Durante las épocas de migración, cuando los cangrejos adultos se desplazan hacia el mar para reproducirse, se encuentran con un muro de concreto construido en el separador vial entre el corregimiento de la Playa y el sector de las Flores. Esta barrera interrumpe su ruta natural y los deja expuestos al tráfico constante. Muchos no logran cruzar, quedan atrapados en el asfalto y el paso de los autos termina por aplastarlos.

Mientras tanto los estudios hablan de nuestra indiferencia. En el trabajo de los biólogos Campos, Cardona y Valencia (2022), se determinó que las densidades más bajas de Cardisoma guanhumi se registran en zonas con alta intervención humana, cercanas a centros urbanos y con poco bosque conservado. El patrón se repite, donde hay fragmentación del manglar, construcciones cerca, cultivos intensivos o pérdida de cobertura arbórea, la especie disminuye. Aunque el cangrejo puede adaptarse, no todo lo que habita puede llamarlo hogar. Resiste, pero no prospera. Sobrevive, pero a un costo que va vaciando su presencia del paisaje.

Los problemas y la muerte de esta especie no son recientes. Vale la pena detenerse un momento y preguntarse: ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Qué camino recorrieron estos pequeños seres para que desde hace casi una década la ciudad invadiera su hábitat y, con soluciones insuficientes, se autoconvenciera de que el deber estaba cumplido? Este es un recuento de los sucesos que desde entonces venían alertando sobre lo que se avecinaba. Más que para denunciar, para no olvidar

Para entenderlo todo hay que empezar por la construcción de la vía. La idea nació en 1997 como una iniciativa de la Gobernación del Atlántico, que buscaba mejorar la conexión entre el departamento y dar un impulso a los municipios alejados de la ciudad con la promesa de fortalecer el turismo y dinamizar la economía local. El proyecto fue aprobado en 2012 y desde el principio las expectativas eran altas. Los medios cubrieron el anuncio como una puerta abierta al desarrollo. La vida silvestre todavía no era tema de conversación.

Las expectativas pronto se convirtieron en frustración. Tras años de anuncios, inversiones y retrasos, el proyecto empezó a ser señalado como un elefante blanco. Aun así, algunos tramos sí se construyeron. Y fueron suficientes para alterar el equilibrio del ecosistema.

El 13 de diciembre de 2018, el boletín de prensa publicado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció la entrega de 17 kilómetros de vía, de los 146,7 prometidos. Para ese entonces, ya existían advertencias por parte de habitantes del sector y organizaciones ambientales sobre la muerte masiva de cangrejos azules de tierra durante sus desplazamientos migratorios.

Reportajes de periódicos de la región mostraban testimonios de personas de la zona que solo podían decir: “por las noches, cuando estoy durmiendo, siento el ruido como si estuvieran aplastando cáscaras de huevo”, en referencia a los cuerpos de los crustáceos bajo las llantas.

En paralelo, el escándalo por la situación de la especie en la zona permitió visibilizar la actividad de “cangrejear”, realizada por pescadores del corregimiento de La Playa. Estos cazan al cangrejo azul para el consumo local y por su creciente valor gastronómico entre los turistas, muchas veces recolectándolos de forma indiscriminada. Cada septiembre, cuando las lluvias obligan a los cangrejos a abandonar sus madrigueras, estos se ven atrapados entre el concreto de la vía y las manos de los recolectores.

Después de una alerta enviada por la Secretaría de Medio Ambiente de Puerto Colombia, que denunció la alteración del hábitat en el tramo que une Las Flores con el corregimiento La Playa, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) estudió las afectaciones a la fauna de la zona. El recorrido no solo encontró huellas de cangrejos, sino también de otros animales que habitan en la Ciénaga de Mallorquín.

En situaciones así, se recomienda la construcción de un ecoducto o paso de fauna: un túnel que permita a las especies transitar sin riesgo. Pero al tratarse de zonas de cacería para comercialización, estos canales podrían convertirse en objetivos para los cazadores, interrumpiendo las migraciones. Entre finales de 2019 y 2020 no hay registros de avances en cuanto a la situación, pero probablemente debido a la pandemia las operaciones se detuvieron.

Es hasta el 23 de junio de 2021 que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) implementó, junto con Ruta Costera S.A.S., un plan que le cedía a esta empresa privada la responsabilidad de construir, operar y mantener una vía durante un tiempo determinado. A cambio, puede recuperar su inversión, por ejemplo, con peajes o pagos del gobierno. Esta figura se llama concesión. Tuvo que pasar un año más para que, en enero de 2022, se hicieran efectivas estas medidas. Y, a pesar de lo expresado inicialmente sobre la inviabilidad de los pasos de fauna, se construyeron siete estructuras, junto con defensas de fibra de vidrio que impiden el paso de los cangrejos por la vía y los conducen hasta los túneles. Según el informe oficial, estos pasos son vigilados cada semana.

Es correcto afirmar que esto representa un avance, dada la condición a la que estaban expuestos antes, pero no es ni mucho menos una solución definitiva ni suficiente. En 2023, El Tiempo realizó un reportaje sobre la situación. Aunque se aplaudían las medidas, en la noticia la bióloga Adriana García expresaba: “Puedes hacer ciertas ayudas para que ellos pasen, pero no estás cubriendo toda el área de movilización de la especie. Se hacen acciones, pero no van a ser ciento por ciento eficientes por el tema de la especie”, dado que aún se podía apreciar que el osado peatón seguía falleciendo aplastado pese a las ayudas.

La situación de los cangrejos sigue rodeada por las mismas problemáticas de hace años. Se ha mitigado un poco su muerte masiva y la especie es considerada amenazada. Aún hoy se pueden ver noticias como la del 6 de abril de 2025, cuando la Policía recuperó 109 ejemplares que iban a ser vendidos en un mercado de Cali. Esto deja en evidencia que la caza ilegal también sigue siendo un riesgo latente.

El cangrejo azul sigue en peligro. No podemos olvidar lo que ha pasado todos estos años ni dejarnos convencer de que todo está bien. Aunque se han hecho esfuerzos, los animales siguen muriendo y su especie sigue amenazada. Solo si lo reconocemos, si nos duele y lo decimos en voz alta, evitaremos que este problema se borre de la memoria colectiva. Ya antes la atención pública logró una toma de acciones, pero no puede ser la última vez. Si de verdad queremos preservar esta especie, tenemos que seguir mirando, exigiendo y cuidando.

CAPSULA INTRODUCTORIA

En búsqueda de un hogar

Por: Santiago Goenaga

El inclemente sol barranquillero nos deja ver a un gran roedor de apariencia tierna que se asoma entre el espeso bosque seco tropical, o lo que queda de él.

Nuestro amigo se ve obligado a recorrer grandes distancias de asfalto con la intención de llegar a algún humedal, con la suerte de encontrar agua, fundamental para su supervivencia. Estos hábitats les ofrecen ventajas como protección contra depredadores, acceso a alimento y la posibilidad de adaptarse a condiciones climáticas específicas.

Los humedales que antes abundaban en este sector fueron drenados arbitrariamente por las constructoras y reemplazados por grandes edificios. El hogar del llamado Hydrochoerus isthmius, una subespecie de capibara que habita principalmente en el Istmo de Panamá y algunas zonas cercanas, fue destruido. Esta subespecie posee un cuerpo robusto, sin cola, con patas parcialmente palmeadas. Sus ojos, orejas y fosas nasales están ubicados en la parte superior de la cabeza, lo que les permite estar parcialmente sumergidos mientras respiran. El Hydrochoerus isthmius pesa entre 30 y 55 kg, mide hasta 1,1 metros de largo y 0,5 metros de alto.

La pérdida de su hogar ha puesto en riesgo su supervivencia, pues no pueden estar cerca de entornos urbanos: sus patas no están hechas para tocar el caliente asfalto y el contacto humano les supone un gran estrés.

Dos capibaras fueron avistados rondando por las calles de Alameda del Río, una de las construcciones urbanísticas más recientes de Barranquilla. Lo que parecía una escena adorable es, en realidad, evidencia de una serie de irregularidades que involucran a las constructoras Grupo Argos y SITUM S.A.S., quienes drenaron los humedales estacionales —hogar de esta especie— para la construcción de nuevas edificaciones.

Barranquilla Verde, como autoridad ambiental urbana, emitió varias resoluciones entre 2015 y 2017 autorizando el aprovechamiento forestal para el proyecto Alameda del Río. En total, 7.760 árboles en 49,04 hectáreas de bosque seco tropical fueron intervenidos para la construcción, según datos recientes, ese número aumento a 183, sin embargo, las constructoras no contaban con un permiso formal que legitimara el uso de cuerpos de agua. Es importante precisar que la Ley 357 de 1997 aprueba en Colombia la Convención RAMSAR, un acuerdo internacional que busca proteger los humedales de importancia ecológica.

Cerca de esta zona se encuentran humedales estacionales: se llenan únicamente durante la temporada de lluvias y se secan en épocas de verano. Cumplen funciones vitales dentro del ecosistema como la regulación climática y la provisión de hábitat para diversas especies de fauna y flora. Estos eran el hogar natural de familias de capibaras que encontraban allí alimento, refugio y condiciones óptimas para su reproducción.

A pesar de no contar con autorización para intervenir los cuerpos de agua, las constructoras procedieron con el drenaje para despejar el área y construir más edificios. Esto desplazó a los capibaras de su hábitat natural.

La Lista Roja de la UICN, una base de datos global elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, clasifica a los capibaras como especie de “Preocupación menor” (Least Concern). Esta categoría indica que, a nivel global, no enfrentan un riesgo inmediato de extinción debido a su amplia distribución y poblaciones estables. No obstante, el desplazamiento local altera negativamente las dinámicas del ecosistema, ya que los capibaras cumplen funciones ecológicas clave como dispersores de semillas y reguladores de la vegetación en zonas húmedas.

Previo a la construcción, se elaboró un informe de control ambiental en el que se listaban las especies presentes en el ecosistema. Los capibaras no figuraban en ese listado. Esta omisión, sumada a las acciones irregulares de las compañías sobre los cuerpos de agua, podría explicar los recientes avistamientos.

En el año 2019, Barranquilla Verde cedió la responsabilidad de seguimiento y control a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), ya que se trata de un proyecto de gran magnitud que supera el área de Barranquilla y se extiende hasta zonas de expansión. Cuando la CRA fue cuestionada por los avistamientos de los capibaras, realizó una inspección en el sector. Su respuesta fue tranquilizadora, pero dejó de lado el problema estructural:

“Durante las visitas de inspección, que también fueron realizadas el domingo 16 de marzo, no se encontraron registros de la presencia de los individuos; los cuales posiblemente se hayan refugiado en la zona baja del sector, de acuerdo con información recolectada por funcionarios de la Corporación, quienes se encuentran a cargo del seguimiento y monitoreo de esta zona”.

La respuesta brindada por el organismo ignora el problema de fondo: Las constructoras no tienen permiso para intervenir los humedales, y esta acción constituye una falta a la ley que evidencia la negligencia sonrojante de la corporación, evidenciándose en su falta de transparencia ante la sorpresiva aparición de la pareja de roedores.

Álvaro Vallejo, Miembro de la comisión de Ecosistemas de la Union Internacional para la Naturaleza, se refirió a esta problemática:

“ Los humedales de Alameda del Río fueron desecados sin la debida licencia. Esto constituye una infracción ambiental grave, independientemente de las consecuencias para la fauna y flora local. La pérdida y fragmentación de hábitats es una de las principales amenazas para la biodiversidad urbana, y afecta particularmente a especies semiacuáticas como el capibara. Este avistamiento es una clara evidencia del impacto directo de la expansión urbana y la destrucción de humedales sobre la fauna silvestre. Es importante subrayar que los capibaras no están adaptados para sobrevivir en entornos urbanos. Al verse privados de su hábitat natural, quedan expuestos a peligros como atropellamientos, ataques de perros, estrés y desnutrición. Además, la desecación de humedales para la construcción de viviendas tiene consecuencias a mediano y largo plazo para la ciudad: los humedales actúan como zonas de amortiguación y almacenamiento de agua estacional. Su eliminación incrementa el riesgo de inundaciones, como ha ocurrido en múltiples ciudades del mundo, incluyendo casos emblemáticos en Bogotá”.

La situación de los capibaras del video en Alameda del Río es un claro ejemplo de los conflictos entre desarrollo urbano y conservación ambiental, conflictos en los cuales, casi sin excepción, pierde primero la biodiversidad, pero luego perdemos todos: los habitantes locales, la sociedad, el ambiente y el planeta. Es una historia aparentemente sin fin, pero que tendrá un final claro: cuando no haya nada más que extinguir, se extinguirá la extinción.

Inconsistencias en permisos y violación al marco jurídico ambiental

Por: Santiago Goenaga

La expansión urbana en el área metropolitana de Barranquilla ha generado una serie de intervenciones que ponen en peligro la integridad de ecosistemas como los humedales y el bosque seco tropical. Aunque existen normas nacionales e internacionales que amparan la conservación de estos espacios, múltiples intervenciones recientes al ecosistema como el proyecto de Alameda del Río revelan una preocupante vulneración del marco jurídico ambiental. Esta situación no solo pone en riesgo la biodiversidad local, sino que también incumple normas fundamentales de legalidad y sostenibilidad.

1. Protección de humedales: Ley 357 de 1997 y la Convención RAMSAR

Esta ley incorpora en Colombia la Convención RAMSAR, un tratado internacional que reconoce a los humedales, tanto permanentes como estacionales, como ecosistemas de importancia internacional. Su objetivo es conservar estos ecosistemas por su valor para la biodiversidad, el ciclo hidrológico y los modos de vida locales.

El drenaje de humedales estacionales (incluso si son de origen artificial) sin autorización constituye una violación directa de esta norma, dado que altera un ecosistema que debería estar protegido, impactando a especies como los capibaras que dependen de él para sobrevivir.

2. Resolución CRA No. 0000637 de 2022

“Que desde el año 1971 Colombia hace parte de la Convención RAMSAR, como iniciativa de protección de los humedales existentes en nuestro país, para lo cual se expidió la ley 357 de 1997, por medio de la cual se aprueba la "Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas”. En dicha ley se definió como humedal: “(…) las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”.

Esta norma reconoce que aunque algunos humedales dentro del proyecto Alameda del Río son artificiales, la protección ambiental también aplica para ellos por la función ecológica que cumplen (refugio de fauna, regulación hídrica, soporte de biodiversidad). Al drenar estos humedales sin los debidos permisos ni estudios de impacto ambiental, se ignora esta resolución. Además, se pierde funcionalidad ecológica sin evaluar consecuencias, lo que representa una falta grave.

3. Tala en Bosque Seco Tropical sin autorización hídrica

Entre 2015 y 2017 se talaron 7.760 árboles en 49 hectáreas de bosque seco tropical. Según datos más recientes, el número de hectáreas aumentó hasta 183. Aunque existía permiso de tala, no se autorizó intervención en cuerpos de agua ni se otorgó permiso de uso de recursos hídricos, como lo exige la ley.

La resolución 644 de 2019 documenta esta falta.

La intervención sin permisos de cuerpos de agua rompe con el principio de legalidad y con el deber de planificación ambiental integral.

4. Función ecológica de la propiedad: Ley 23 de 1973 y Decreto 2811 de 1974

Establece que la protección del ambiente es de utilidad pública, lo que obliga tanto al Estado como a los privados a contribuir a ella.

El Decreto 2811 de 1974 desarrolla el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, reiterando que el uso del suelo debe estar subordinado a criterios ecológicos y sostenibles. La empresa propietaria del terreno (Argos) actúa como si la titularidad del predio los eximiera de responsabilidades ambientales. Al realizar drenajes, talas y otras intervenciones sin observar los principios de sostenibilidad y función ecológica, se desconoce el carácter social y ecológico del derecho de propiedad que consagran estas normas.

5. Transferencia de control ambiental y vacíos de seguimiento

En 2019, Barranquilla Verde trasladó el seguimiento ambiental del proyecto a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), argumentando que el proyecto superaba su jurisdicción.

Este cambio de autoridad coincide con un vacío de seguimiento riguroso a las intervenciones que ocurren en el terreno, facilitando vulneraciones al marco legal, especialmente durante las obras de urbanización y drenaje.

La evidencia demuestra que las intervenciones en humedales y bosques secos del proyecto Alameda del Río se han realizado en contravía del marco jurídico ambiental colombiano, evidenciando incumplimientos en los permisos requeridos y un deficiente seguimiento por parte de las instituciones responsables. Esta vulneración sistemática no solo atenta contra ecosistemas estratégicos, sino que refleja una desconexión entre el desarrollo urbano y la planificación ambiental responsable.

En datos: El impacto oculto en el bosque seco tropical de Alameda del Río

Por: Marisell Acuña, Emanuel Calderón y Santiago Goenaga

Durante años proyectos como Alameda del Río han sido símbolos de progreso barranquillero. No solo por ofrecer vivienda y nuevos espacios habitables, sino también por prometer un desarrollo urbano sostenible y respetuoso con el entorno, pero ¿cuánto saben realmente los habitantes del lugar sobre el terreno que pisan?

Alameda del Río es una urbanización masiva, ubicada en el borde nororiental de la ciudad. Para hacerla realidad, fue necesario intervenir una gran porción del ecosistema de bosque seco tropical. Con el avance de la obra y su expansión progresiva, se utilizó un área de 183 hectáreas. Para dimensionarlo, eso es el equivalente a 15 centros comerciales del tamaño de Mallplaza juntos.

Previo al mencionado proceso, las constructoras cargaban con la responsabilidad legal de llevar a cabo un informe de control ambiental donde se enlistarán a todas las especies de fauna y flora que ahí se encontraban, esto con el fin de gestionar su reubicación dentro del mismo tipo de ecosistema y así reducir el impacto ambiental. Como lo indica la ley 99 de 1993, artículo 28: “toda persona natural o jurídica que desee realizar actividades que puedan generar impactos ambientales deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y el mismo debe incluir medidas de mitigación y compensación del impacto ambiental”. Sin embargo, a día de hoy no se cuenta con información oficial que esclarezca las medidas exactas que realizaron las autoridades ambientales y la constructora para llevar a cabo dicho proceso de control.

La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.) es el organismo responsable de supervisar el impacto ambiental de proyectos como Alameda del Río. En 2017, emitió varios actos administrativos relacionados con la constructora Amarilo S.A.S. En la resolución No. 695 del 28 de septiembre de ese año, impuso una medida preventiva que suspendía las actividades de construcción de la urbanización El Volador. Más adelante, mediante la resolución No. 881 del 1 de diciembre del mismo año, levantó la suspensión tras reconocer la presunción de legalidad de los actos administrativos presentados. En ese proceso, también se solicitó la remisión de los permisos ambientales correspondientes a Amarilo relacionados directamente con el proyecto urbanístico Alameda del Río.

Aunque no existe un informe público detallado sobre las especies desplazadas o afectadas por la urbanización, en 2022 la misma empresa entregó un conteo aproximado como parte de la Resolución No. 0000425. Es importante señalar que esta información no proviene de un estudio independiente ni representa un censo técnico, sino un primer acercamiento a las especies que pudieron haber sido impactadas por la obra o que aún permanecen en la zona intervenida.

A continuación, se presenta un gráfico que resume esa estimación:

La Red List de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) es una de las fuentes más reconocidas sobre el estado de conservación de la biodiversidad a nivel mundial. A partir de ella, y con base en los registros obligatorios realizados por las constructoras ya mencionados, se elaboró este listado de especies posiblemente desplazadas. Aunque la mayoría de estas figuras están clasificadas como de “preocupación menor”, su presencia actual en zonas alteradas permite inferir que formaban parte del ecosistema previo. Esta lectura no pretende ofrecer certezas absolutas, sino una aproximación sustentada en lo observable.

La ausencia de un registro oficial sobre la fauna presente antes de la urbanización no solo limita las respuestas, también revela la falta de un escrutinio ambiental más riguroso en proyectos de esta escala. A ello se suma que muchas de las especies aquí documentadas tienen registros que varían ampliamente en cuanto a su actualización. Mientras algunas han sido reportadas recientemente, otras no cuentan con un reporte oficial desde hace más de 15 años.

Esto no solo refuerza la necesidad de un seguimiento más exhaustivo, sino que también plantea un riesgo: al tratarse de datos antiguos, es probable que no reflejen el impacto que pudo haber tenido la transformación del entorno. La categoría de “preocupación menor” asignada en un periodo extenso de tiempo podría no corresponder con la situación actual de estas especies tras la intervención urbana. Véase el siguiente gráfico con las fechas de los últimos registros oficiales de cada especie:

Con base en la información presentada anteriormente y con el fin de dimensionar con mayor claridad la magnitud del impacto ambiental en esta zona urbanizada, a continuación, se incluye una tabla con el nombre científico y la fotografía de cada especie mencionada, como recordatorio de que no estamos hablando solo de listados técnicos, sino de seres vivos que formaron parte de este ecosistema.

Tablita con animales

Con base en la información presentada anteriormente y con el fin de dimensionar con mayor claridad la magnitud del impacto ambiental en esta zona urbanizada, a continuación, se incluye una tabla con el nombre científico y la fotografía de cada especie mencionada, como recordatorio de que no estamos hablando solo de listados técnicos, sino de seres vivos que formaron parte de este ecosistema.

El terreno es objeto de revisión, no solo porque constituye un hogar para estas especies, sino también corresponde al ecosistema de Bosque Seco Tropical, que en Colombia es considerado el más amenazado del país. Este desempeña funciones ecosistémicas cruciales como hogar y sustento para una gran cantidad de especies. Actualmente, solo queda entre el 1% y el 8% de su extensión inicial.

Según datos del Ministerio de Ambiente, el bosque seco tropical alberga 2.569 especies de plantas, de las cuales 83 son endémicas, además de una gran diversidad de insectos (68 especies de escarabajos, el 24% de la diversidad nacional) y anfibios (49 especies, 6% del total del país).

Adicionalmente, El Programa de Inventario de la Biodiversidad Grupo de Exploraciones y Monitoreo Ambiental (GEMA) del Instituto Alexander Von Humbolt esclarece que estos ecosistemas son fuente original de alimentos como níspero, caimito, mamoncillo y jobo, y de especies con usos agropecuarios y medicinales, lo que los hace vitales para comunidades locales y actividades económicas sostenibles

El bosque seco tropical no solo es uno de los ecosistemas más afectados de Colombia, sino también uno de los más frágiles. Según el ingeniero forestal Álvaro Vallejo, miembro de la Comisión de Ecosistemas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), esta fragilidad se debe a sus condiciones climáticas extremas, con estaciones de sequias prolongadas y lluvias intensas que lo hacen muy vulnerable frente a cualquier intervención humana. Como él mismo advierte: “la protección del bosque seco tropical es muy importante, porque este tipo de ecosistema ha sido proporcionalmente más alterado que cualquier otro tipo de ecosistemas en Colombia”.

Las constructoras hicieron lo que la ley les exigió, pero cumplir con la norma no basta cuando lo que está en juego es la vida silvestre. Las cifras de las especies desplazadas y los ecosistemas en peligro dejan partes inconclusas. Si bien existen datos sobre una reubicación inicial para mitigar el impacto de estas constructoras, pues dentro de las obligaciones estipuladas en materia medioambiental existe la resolución 1394 de 12 de septiembre de 2016: “deberá dar protección a la fauna existente en el predio que se va a intervenir, los individuos que se encuentren deberán ser reubicados en áreas aledañas”, la información suministrada por Amarilo de cómo se ejecutaron esos planes o cómo se ha desarrollado la vida silvestre tras esa reubicación es escasa o inexistente. Falta información pública verificable sobre el destino real de estas especies tras su desplazamiento. La ausencia de datos de seguimiento impide evaluar si las medidas de mitigación fueron efectivas. En un ecosistema tan afectado como el bosque seco tropical, cada pérdida cuenta y cada vacío en esa información sigue dejando abierta la pregunta de cuál es el verdadero costo ambiental del crecimiento urbano.

Es un destello azulado en medio del bosque y, sin embargo, no podemos verlo. Sobre una lancha que oscila agresivamente sobre la Ciénaga de Mallorquín, intentamos enfocar nuestra mirada sobre las ramas de los mangles, por si de repente aparece. Las historias de avistamientos esporádicos en los terrenos de la Universidad del Norte nos mantienen atentos de las flores en los alrededores. La posibilidad de visitar el Parque Isla Salamanca solo para lograr captarlo en cámara consigue avivarnos la esperanza. Pero no se deja ver. El simpático colibrí manglero o ventrizafiro, con sus tonalidades llamativas de verde, azul y violeta en sus plumas, nos rehúye.

Esta especie conocida como Chrysuronia lilliae fue uno de los objetivos de nuestra investigación para que nos ayudara a explicar parte de las problemáticas que sacuden a la Ciénaga de Mallorquín y sus alrededores, uno de sus principales hábitats naturales. Un ecosistema que desde hace años se debate en la supervivencia y que ha dejado desprotegidos a los animales que viven de los manglares, como parece ser el caso particular de esta ave. El colibrí ventrizafiro está clasificado como una especie en peligro de extinción y es por esto que su avistamiento supone todo un reto.

Según datos recolectados de Global Biodiversity Information Facility, este colibrí solo tuvo un solo reporte de avistamiento oficial en el año 2024, lo que deja la inquietud de si se encuentra en época de migración o ha sido afectado por la expansión urbanística que toma lugar en la ciudad de Barranquilla.

El colibrí manglero es una especie endémica de la costa caribe colombiana, lo que quiere decir que es exclusivo de esta región y no puede encontrarse en ningún otro lugar. Se distribuye en los manglares y bosques ribereños que van desde la desembocadura del río Magdalena hasta el del Río Ranchería. El colibrí se adentra en los bosques de manglares sin compañía, donde se alimenta de insectos y de vegetación xérofila (es decir, adaptada a ambientes secos). Se ha observado que consume especies de plantas como el cantagallo, que florece entre enero y mayo, o flores de Capparis spp., pero en realidad no se sabe su dieta exacta ni en qué medida el colibrí depende del mangle maduro.

La información disponible suele ser imprecisa, no solo por sus pocos avistamientos, sino también porque suele confundirse con otras dos especies de colibrí muy parecidos: el colibrí zafirino (Chrysuronia coeruleogularis) y el colibrí cienaguero (Lepidopyga lilliae). Incluso en documentos oficiales se confunde con frecuencia al L. Lilliae y al C. Lilliae, dejando el interrogante si ambos no son al final la misma especie.

Esto convierte al colibrí ventrizafiro en un misterio incluso para los estudiosos. El profesor Juan Pablo Gómez Echeverry, del Departamento de Química y Biología de la Universidad del Norte, compartió con nosotros los motivos: “hoy en día tenemos dos problemas: uno, que hay poquita información, y segundo, que es supremamente difícil de diferenciar con la otra especie que es la Chrysuronia coeruleogularis. Entonces no tenemos la certeza de, por ejemplo, dónde son los registros. Porque puede haber registros del ventrizafiro que sean de la otra especie y viceversa. Sabemos que utiliza el manglar: sí, definitivamente. Utiliza el bosque seco: sí. Utiliza los jardines y las zonas urbanas: sí, cierto, porque lo hemos encontrado utilizando y defendiendo recursos como plantas ornamentales que están sembradas para propósitos urbanísticos”, pero esta información no es clara ni suficiente. Ante investigaciones poco profundas y un estado de conservación sensible, la posibilidad de que avistemos al colibrí manglero se nos escurre entre las manos.

La Ciénaga de Mallorquín alberga alrededor de 15 especies vegetales (entre estas, las 4 principales especies de mangle que tiene el país), 9 especies de peces, 11 especies de mamíferos y 177 especies de aves. El colibrí ventrizafiro hace parte de esta última categoría, y el peligro que afronta él junto con todo el resto de las especies que habitan la Ciénaga es inminente. El avance del ser humano cada día cerca más a las especies y les arrebata su espacio. La preocupación de lo que podría ocurrirle, ya no solo a nuestra especie elegida, única en el mundo entero, sino a todo el ecosistema es inmensa.

En nuestra memoria se queda grabada la imagen: un solo avistamiento en el 2024. Nos asusta pensar en lo que significa. Mientras nos acercamos a uno de los lugares en los que podríamos encontrarnos al colibrí manglero, solo esperamos que de reojo titile un brillo azulado. Ojalá verlo solo una vez.

La irrupción de una sirena ahogó el canto de los pájaros. Creímos que podría ser alguna ambulancia, que tal vez alguno de los visitantes del Ecoparque Ciénaga de Mallorquín había tenido un accidente en medio de los pasillos de madera que se adentraban entre el manglar. Entonces sentimos el calor en la nuca y una columna de humo negro subió ante nosotros. El Ecoparque, un lugar creado para conectar al ser humano con la naturaleza. Un proyecto que promete ser amigable con el medio ambiente mientras se promueve el turismo en Barranquilla. Promesas que se desvanecen entre las cenizas de la demanda social. Este hecho ocurrió bajo la luz del medio día al lado de un proyecto sostenible, ¿qué nos dice esto de cómo es vista la Ciénaga de Mallorquín? Día tras día, la extensión forestal de esta zona disminuye con cada decisión tomada muchas veces en nombre del progreso y la urbanización. Desde 1985, la Ciénaga ha perdido 371 hectáreas de las 741 que contaba en un inicio. Al rededor de un 50% de suelo verde. Con este terreno podrían construirse alrededor de 25 centros comerciales del tamaño del Viva Barranquilla o 450 canchas de fútbol como las del Estadio Metropolitano.

En cuestión de 40 años, se ha perdido aproximadamente el 30% de su flora, mostrando cambios significativos con respecto a cómo era originalmente. De manera visible, reportes oficiales dan fe de la acelerada deforestación de la que es víctima la Ciénaga de Mallorquín. En un documento publicado por la Alcaldía de Barranquilla con respecto a la recuperación del ecosistema, que data de noviembre del 2023, se menciona que la Ciénaga había perdido 317 hectáreas. Por otro lado, en el diagnóstico realizado por una comisión técnica interdisciplinaria del Ministerio de Ambiente que se publicó en octubre del 2024, se afirma que la cifra alcanza las 371 hectáreas. Es decir, en casi un año, se perdieron 54 hectáreas de cobertura forestal.

Las causas de la pérdida del ecosistema son múltiples, pero entre las más importantes se encuentra el desarrollo de la construcción de viviendas, comercio y zonas industriales. Este silencioso avance condena a la Ciénaga de Mallorquín a una extinción lenta. El progreso cobra la forma de un animal invasor que se arrastra, crece de a poco y se toma su tiempo hasta hacerse con todo. Una de las nuevas fases de esa invasión, todavía en marcha, se trata del proyecto en construcción de Ciudad Mallorquín.

AÑO 2021

AÑO 2024

Paso a paso, podemos adentrarnos dentro de esta urbanización esperando encontrar, tal vez, algún indicio de naturaleza dado su nombre. Por el contrario, los únicos colores que consumen todo son los grises, los cuales opacan aquellos vestigios de lo que antes era una zona llena de manglar. Paso a paso, podemos adentrarnos dentro de esta urbanización esperando encontrar, tal vez, algún indicio de naturaleza dado su nombre. Por el contrario, los únicos colores que consumen todo son los grises, los cuales opacan aquellos vestigios de lo que antes era una zona llena de manglar. Una visita fue suficiente para entender lo que sucedía en este lugar: Mallorquín ahora no es más que un nombre. Los árboles son pocos, contados. No tienen la altura siquiera de una casa de un piso, con apenas hojas. Las calles se encandecen ante el sol de la tarde, la sombra parece no encontrarse por ningún rincón a pesar de los edificios altos y enrejados que podrían sustituir a los árboles. No hay personas en las calles; no aguantarían ni cinco minutos sin tener un golpe de calor. Piedras, polvo, cemento, los ruidos constantes que anuncian las construcciones. Esta es la Ciudad Mallorquín que se impone ante nosotros, que nos parece más bien una Ciudad Muerta. En medio de todo, en un parque fantasma donde las aves no cantan y todo se encoge ante la inclemencia de la luz y el fogaje, se erigen unos cuadros pintados con vibrantes colores. En ellos se encapsula dentro del vidrio la imagen de los animales que pertenecen a la Ciénaga: la garza, el cangrejo azul o la guachara caribeña. Los bosques profundos llenos de mangles son recreados de forma preciosa por el artista. Esta es la única cosa que parece traer vida a este lugar una vez más, como también es un recordatorio de las especies que han tenido que irse y de la posibilidad de perderlas para siempre.

VACÍO EN LA CIÉNAGA

La Ciénaga de Mallorquín no es un espacio cualquiera. Al ser parte de El Sistema Delta Estuarino del Rio Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta, fue categorizado como sitio RAMSAR en el año 1998, es decir, un humedal de importancia internacional. En teoría, este sitio cuenta con varias figuras de protección ambiental bajo la CRA, el Plan de Ordenación de Manejo de Cuenca (POMCA) y EPA Barranquilla Verde, quienes se encargan de aspectos como la definición de rondas hídricas, declaraciones de zonas de preservación y procesos de restauración ecológicos. Según el POMCA:

“Las coordenadas geográficas y la definición polígono definido por el acto administrativo incorporan toda la zona de influencia del Delta del Río Magdalena y de forma, consciente o inconsciente de parte de la autoridad Nacional, dejan a mitad de la cuenca de mallorquín incorporada a los mandatos de la categoría Internacional.” (pg. 306)

Desde el 2007, el POMCA advertía de la fragilidad de este ecosistema y delimitaba las áreas no aptas para proyectos de urbanización. Sin embargo, se aprobaron suelos de expansión urbana en Puerto Colombia y Barranquilla, preparando el terreno para la construcción de algo más grande y peligroso para la naturaleza. Entre 2017 y 2020, el grupo ARGOS promovió tres planes parciales de construcción concertados por la CRA y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Puerto Colombia: Ribera de Mallorquín, Ribera de Mallorquín etapa 3 y el Proyecto polideportivo, ocupando un total de 91 hectáreas. Según La Comisión Técnica Interdisciplinaria Ciénaga de Mallorquín, en el diagnóstico hecho en el año 2024, “respecto a estos proyectos, en suelo de expansión, aproximadamente el 45% de suelo de expansión ha sido concertado” (pg. 17) No obstante, las densidades urbanas establecida por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Puerto Colombia del año 2017 no consideraban correctamente la base ecológica del territorio.

En el diagnostico hecho por La Comisión Técnica Interdisciplinaria, 15 docentes de varias universidades de la zona, —como la Universidad de Norte, la Universidad del Atlántico y la Universidad Simón Bolívar— advirtieron que la planificación urbana en torno a la Ciénaga de Mallorquín ha sido desarrollada sin los principios ecológicos esenciales y sin la participación efectiva de las comunidades aledañas, evidenciando que los enfoques de precaución y sostenibilidad ambiental no se han aplicado correctamente. Mientras que el urbanismo avanzaba, las comunidades costeras y vulnerables eran ignoradas y marginadas. El Ministerio de Vivienda no estuvo presente en el municipio a pesar de que se había acordado en los planes de la urbanización que se construirían viviendas de interés social y/o prioritario (VIS/VIP). No fue sino hasta 2020 que se construyó la primera vivienda de interés social en Ciudad Mallorquín, pese a que los proyectos se promocionaron como incluyentes.

No obstante, los problemas que trajo el Ecoparque van más allá de solo ambientales, afectando también a comunidades aledañas. Según declaraciones de la CRA y EPA Barranquilla Verde, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín fue una acción para frenar las invasiones en los barrios Las Flores y La Playa. Este aspecto fue muy cuestionado por los líderes sociales de estos barrios, como fue expuesto en las mesas de trabajo con comunidades presentadas en el diagnóstico hecho por la Comisión Técnica Interdisciplinaria.

“De otro lado, se presenta un conflicto socioambiental en torno al Proyecto del Ecoparque en la Ciénaga de Mallorquín que hace parte del Plan Maestro de la Ciénaga de Mallorquín de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. […] Manifiestan lideres sociales, ambientales y pescadores del barrio Las Flores y el corregimiento Eduardo Santos La Playa que la planificación y construcción de este proyecto no contó con la participación de las comunidades locales. […] Las comunidades temen que el proyecto se enfoque solo en construir muelles para atraer al turismo, en vez de abordar prioritariamente la descontaminación y la recuperación ecológica de la Ciénaga de Mallorquín ha sido por décadas receptor de aguas residuales domésticas” (pg.100-102)

El conflicto socioambiental que ha nacido en torno al Ecoparque evidencia una profunda desconexión entre las prioridades institucionales y las necesidades de las comunidades aledañas a la zona. El proyecto parece solo enfocarse en la construcción de infraestructura de “turismo ambiental”, dejando de lado el factor social. Este enfoque no solo perjudica a los pescadores que necesitan de la ciénaga para subsistir, sino que amenaza con desplazarlos de su territorio. Uno de los aspectos más preocupantes de los procesos ambientales ha sido la construcción del tren del tajamar. En el diagnóstico hecho por La Comisión Técnica Interdisciplinaria de la Ciénaga de Mallorquín se menciona lo siguiente:

“EPA hace referencia a que la viabilidad ambiental del proyecto tren tajamar la otorgó EPA. Se presenta la línea de tiempo de la ruta de declaratoria e indican que se realizó un ejercicio de cartografía social que fue plasmada posteriormente en SIG.” (pg.17)

No obstante, en el mismo documento se menciona que EPA Barranquilla Verde no conoce la cartografía oficial:

“EPA Barranquilla verde manifiesta no conocer la cartografía oficial respecto a cartografía derivada de ese plan de manejo de humedal adoptado por la CRA en el 2022” (pg.16-17)

Esto significa que EPA Barranquilla Verde otorgó los permisos ambientales para la realización del tren del tajamar sin que la información de la cartografía, derivada del plan de manejo de humedal adoptado por la CRA, se hiciera pública ni se definiera con claridad la figura de área protegida. Además, en el mismo diagnóstico, se menciona que no hay claridad sobre quién otorgó los permisos para las obras civiles del Ecoparque, según relataron organizaciones comunitarias en mesas con la Procuraduría.

Mientras que el desarrollo urbanístico y obras avanzaban, la ciénaga iba cambiando con la perdida de alrededor de 370 hectáreas desde 1985, el aumento crítico de la salinidad, la desaparición de especies vegetales y animales, niveles prohibidos de metales pesados y una ausencia total de algún plan de tratamiento de aguas residuales en Barranquilla.

Las comunidades aledañas a la zona llevan tiempo alertando sobre la contaminación y las afectaciones que ha traído a su vida cotidiana. En la página 24, en la sección de la Mesa de Trabajo con la Academia, se menciona que en el año 2012 la Ciénaga de Mallorquín tenía una diversidad de aproximadamente 14 especies de peces, que hoy en día no sobrepasan las 3 debido el vertimiento de desechos en la entrada del mar con la ciénaga. Por tanto, los pescadores no pueden ejercer su labor en este sitio porque no hay peces suficientes para sostenerse.

Quizá la mayor duda que plantea estas situaciones está en lo que no se sabe con certeza. ¿Quién aprueba? ¿Quién vigila? ¿Quién sanciona? Según el diagnóstico institucional expuesto en el documento de la Comisión Técnica Interdisciplinaria de la Ciénaga de Mallorquín, EPA Barranquilla Verde tiene la jurisdicción de un 25% del área, y la CRA sobre el 75%. Sin embargo, ninguna de estas entidades ha declarado aún a esta zona como área protegida. Además, instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente, que también tienen voz en el proceso, se niegan a dar una respuesta clara. Algo que no es secreto, puesto que en la acción popular instaurada por la Procuraduría General de la Nación se especificó que la denuncia involucra a dos de estas tres entidades: al Ministerio de Ambiente y a la CRA. Este proceso también va en contra del Ministerio de Vivienda y la empresa Triple A S.A. ESP, entre otras entidades públicas y privadas.

La historia de la Ciénaga de Mallorquín es uno de varios casos de negligencia ecológica en el área metropolitana de Barranquilla, donde los proyectos de desarrollo avanzan sobre territorios ambientales frágiles y socialmente marginados. Una ciudad marcada por el precio del progreso y la industrialización. ¿Y cuál es ese precio? Los lugares ricos en biodiversidad. Algo que no solo les quita a los ecosistemas, sino también al ser humano. El reto del día de hoy es doble: recuperar un ecosistema al borde del colapso y tratar de reconstruir la legitimidad de las autoridades que permitieron que un desastre de esta magnitud ocurriera.

Son estas superposiciones de funciones, la falta de coordinación y las zonas grises legales lo que han permitido que proyectos con infraestructura de alto impacto ambiental sean aprobados sin la revisión técnica ni las consideraciones sociales adecuadas.