Por: Santiago Goenaga

El inclemente sol barranquillero nos deja ver a un gran roedor de apariencia tierna que se asoma entre el espeso bosque seco tropical, o lo que queda de él. Nuestro amigo se ve obligado a recorrer grandes distancias de asfalto con la intención de llegar a algún humedal, con la suerte de encontrar agua, fundamental para su supervivencia. Estos hábitats les ofrecen ventajas como protección contra depredadores, acceso a alimento y la posibilidad de adaptarse a condiciones climáticas específicas.

Los humedales que antes abundaban en este sector fueron drenados arbitrariamente por las constructoras y reemplazados por grandes edificios. El hogar del llamado Hydrochoerus isthmius, una subespecie de chigüiro que habita principalmente en el Istmo de Panamá y algunas zonas cercanas, fue destruido. Esta subespecie posee un cuerpo robusto, sin cola, con patas parcialmente palmeadas. Sus ojos, orejas y fosas nasales están ubicados en la parte superior de la cabeza, lo que les permite estar parcialmente sumergidos mientras respiran. El Hydrochoerus isthmius pesa entre 30 y 55 kg, mide hasta 1,1 metros de largo y 0,5 metros de alto.

La pérdida de su hogar ha puesto en riesgo su supervivencia, pues no pueden estar cerca de entornos urbanos: sus patas no están hechas para tocar el caliente asfalto y el contacto humano les supone un gran estrés.

Dos capibaras fueron avistados rondando por las calles de Alameda del Río, una de las construcciones urbanísticas más recientes de Barranquilla. Lo que parecía una escena adorable es, en realidad, evidencia de una serie de irregularidades que involucran a las constructoras Grupo Argos y SITUM S.A.S., quienes drenaron los humedales estacionales —hogar de esta especie— para la construcción de nuevas edificaciones.

Barranquilla Verde, como autoridad ambiental urbana, emitió varias resoluciones entre 2015 y 2017 autorizando el aprovechamiento forestal para el proyecto Alameda del Río. En total, 7.760 árboles en 49,04 hectáreas de bosque seco tropical fueron intervenidos para la construcción; según datos recientes, ese número aumento a 183. Sin embargo, las constructoras no contaban con un permiso formal que legitimara el uso de cuerpos de agua. Es importante precisar que la Ley 357 de 1997 aprueba en Colombia la Convención RAMSAR, un acuerdo internacional que busca proteger los humedales de importancia ecológica.

Cerca de esta zona se encuentran humedales estacionales: se llenan únicamente durante la temporada de lluvias y se secan en épocas de verano. Cumplen funciones vitales dentro del ecosistema como la regulación climática y la provisión de hábitat para diversas especies de fauna y flora. Estos eran el hogar natural de familias de chigüiros que encontraban allí alimento, refugio y condiciones óptimas para su reproducción.

A pesar de no contar con autorización para intervenir los cuerpos de agua, las constructoras procedieron con el drenaje para despejar el área y construir más edificios. Esto desplazó a los animales de su hábitat natural.

La Lista Roja de la UICN, una base de datos global elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, clasifica a los chigüiros como especie de “Preocupación menor” (Least Concern). Esta categoría indica que, a nivel global, no enfrentan un riesgo inmediato de extinción debido a su amplia distribución y poblaciones estables. No obstante, el desplazamiento local altera negativamente las dinámicas del ecosistema, ya que los chigüiros cumplen funciones ecológicas clave como dispersores de semillas y reguladores de la vegetación en zonas húmedas.

Previo a la construcción, se elaboró un informe de control ambiental en el que se listaban las especies presentes en el ecosistema. Los chigüiros no figuraban en ese listado. Esta omisión, sumada a las acciones irregulares de las compañías sobre los cuerpos de agua, podría explicar los recientes avistamientos.

En el año 2019, Barranquilla Verde cedió la responsabilidad de seguimiento y control a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), ya que se trata de un proyecto de gran magnitud que supera el área de Barranquilla y se extiende hasta zonas de expansión. Cuando la CRA fue cuestionada por los avistamientos de los chigüiros, realizó una inspección en el sector. Su respuesta fue tranquilizadora, pero dejó de lado el problema estructural:

“Durante las visitas de inspección, que también fueron realizadas el domingo 16 de marzo, no se encontraron registros de la presencia de los individuos; los cuales posiblemente se hayan refugiado en la zona baja del sector, de acuerdo con información recolectada por funcionarios de la Corporación, quienes se encuentran a cargo del seguimiento y monitoreo de esta zona”.

La respuesta brindada por el organismo ignora el problema de fondo: las constructoras no tienen permiso para intervenir los humedales, y esta acción constituye una falta a la ley que evidencia la negligencia sonrojante de la Corporación, evidenciándose en su falta de transparencia ante la sorpresiva aparición de la pareja de roedores.

Álvaro Vallejo, miembro de la comisión de Ecosistemas de la Union Internacional para la Naturaleza, se refirió a esta problemática:

“Los humedales de Alameda del Río fueron desecados sin la debida licencia. Esto constituye una infracción ambiental grave, independientemente de las consecuencias para la fauna y flora local. La pérdida y fragmentación de hábitats es una de las principales amenazas para la biodiversidad urbana, y afecta particularmente a especies semiacuáticas como el chigüiro. Este avistamiento es una clara evidencia del impacto directo de la expansión urbana y la destrucción de humedales sobre la fauna silvestre. Es importante subrayar que los chigüiros no están adaptados para sobrevivir en entornos urbanos. Al verse privados de su hábitat natural, quedan expuestos a peligros como atropellamientos, ataques de perros, estrés y desnutrición. Además, la desecación de humedales para la construcción de viviendas tiene consecuencias a mediano y largo plazo para la ciudad: los humedales actúan como zonas de amortiguación y almacenamiento de agua estacional. Su eliminación incrementa el riesgo de inundaciones, como ha ocurrido en múltiples ciudades del mundo, incluyendo casos emblemáticos en Bogotá”.

La situación de los chigüiros del video en Alameda del Río es un claro ejemplo de los conflictos entre desarrollo urbano y conservación ambiental, conflictos en los cuales, casi sin excepción, pierde primero la biodiversidad, pero luego perdemos todos: los habitantes locales, la sociedad, el ambiente y el planeta. Es una historia aparentemente sin fin, pero que tendrá un final claro: cuando no haya nada más que extinguir, se extinguirá la extinción.

Por: Marisell Acuña, Emanuel Calderón y Santiago Goenaga

Durante años proyectos como Alameda del Río han sido símbolos de progreso barranquillero. No solo por ofrecer vivienda y nuevos espacios habitables, sino también por prometer un desarrollo urbano sostenible y respetuoso con el entorno, pero ¿cuánto saben realmente los habitantes del lugar sobre el terreno que pisan?

Alameda del Río es una urbanización masiva, ubicada en el borde nororiental de la ciudad. Para hacerla realidad, fue necesario intervenir una gran porción del ecosistema de bosque seco tropical. Con el avance de la obra y su expansión progresiva, se utilizó un área de 183 hectáreas. Para dimensionarlo, eso es el equivalente a 15 centros comerciales del tamaño de Mallplaza juntos.

Previo al mencionado proceso, las constructoras cargaban con la responsabilidad legal de llevar a cabo un informe de control ambiental donde se enlistaran a todas las especies de fauna y flora que ahí se encontraban, esto con el fin de gestionar su reubicación dentro del mismo tipo de ecosistema y así reducir el impacto ambiental. Como lo indica la ley 99 de 1993, artículo 28: “toda persona natural o jurídica que desee realizar actividades que puedan generar impactos ambientales deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y el mismo debe incluir medidas de mitigación y compensación del impacto ambiental”. Sin embargo, a día de hoy no se cuenta con información oficial que esclarezca las medidas exactas que realizaron las autoridades ambientales y la constructora para llevar a cabo dicho proceso de control.

La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.) es el organismo responsable de supervisar el impacto ambiental de proyectos como Alameda del Río. En 2017, emitió varios actos administrativos relacionados con la constructora Amarilo S.A.S. En la resolución No. 695 del 28 de septiembre de ese año, impuso una medida preventiva que suspendía las actividades de construcción de la urbanización El Volador. Más adelante, mediante la resolución No. 881 del 1 de diciembre del mismo año, levantó la suspensión tras reconocer la presunción de legalidad de los actos administrativos presentados. En ese proceso, también se solicitó la remisión de los permisos ambientales correspondientes a Amarilo relacionados directamente con el proyecto urbanístico Alameda del Río.

Aunque no existe un informe público detallado sobre las especies desplazadas o afectadas por la urbanización, en 2022 la misma empresa entregó un conteo aproximado como parte de la Resolución No. 0000425. Es importante señalar que esta información no proviene de un estudio independiente ni representa un censo técnico, sino un primer acercamiento a las especies que pudieron haber sido impactadas por la obra o que aún permanecen en la zona intervenida.

A continuación, se presenta un gráfico que resume esa estimación:

La Red List de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) es una de las fuentes más reconocidas sobre el estado de conservación de la biodiversidad a nivel mundial. A partir de ella, y con base en los registros obligatorios realizados por las constructoras ya mencionados, se elaboró este listado de especies posiblemente desplazadas. Aunque la mayoría de estas figuras están clasificadas como de “preocupación menor”, su presencia actual en zonas alteradas permite inferir que formaban parte del ecosistema previo. Esta lectura no pretende ofrecer certezas absolutas, sino una aproximación sustentada en lo observable.

La ausencia de un registro oficial sobre la fauna presente antes de la urbanización no solo limita las respuestas, también revela la falta de un escrutinio ambiental más riguroso en proyectos de esta escala. A ello se suma que muchas de las especies aquí documentadas tienen registros que varían ampliamente en cuanto a su actualización. Mientras algunas han sido reportadas recientemente, otras no cuentan con un reporte oficial desde hace más de 15 años.

Esto no solo refuerza la necesidad de un seguimiento más exhaustivo, sino que también plantea un riesgo: al tratarse de datos antiguos, es probable que no reflejen el impacto que pudo haber tenido la transformación del entorno. La categoría de “preocupación menor” asignada en un periodo extenso de tiempo podría no corresponder con la situación actual de estas especies tras la intervención urbana.

Véase el siguiente gráfico con las fechas de los últimos registros oficiales de cada especie:

El terreno es objeto de revisión, no solo porque constituye un hogar para estas especies, sino también corresponde al ecosistema de Bosque Seco Tropical, que en Colombia es considerado el más amenazado del país. Este desempeña funciones ecosistémicas cruciales como hogar y sustento para una gran cantidad de especies. Actualmente, solo queda entre el 1% y el 8% de su extensión inicial.

Según datos del Ministerio de Ambiente, el bosque seco tropical alberga 2.569 especies de plantas, de las cuales 83 son endémicas, además de una gran diversidad de insectos (68 especies de escarabajos, el 24% de la diversidad nacional) y anfibios (49 especies, 6% del total del país).

Adicionalmente, El Programa de Inventario de la Biodiversidad Grupo de Exploraciones y Monitoreo Ambiental (GEMA) del Instituto Alexander Von Humbolt esclarece que estos ecosistemas son fuente original de alimentos como níspero, caimito, mamoncillo y jobo, y de especies con usos agropecuarios y medicinales, lo que los hace vitales para comunidades locales y actividades económicas sostenibles.

El bosque seco tropical no solo es uno de los ecosistemas más afectados de Colombia, sino también uno de los más frágiles. Según el ingeniero forestal Álvaro Vallejo, miembro de la Comisión de Ecosistemas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), esta fragilidad se debe a sus condiciones climáticas extremas, con estaciones de sequias prolongadas y lluvias intensas que lo hacen muy vulnerable frente a cualquier intervención humana. Como él mismo advierte: “la protección del bosque seco tropical es muy importante, porque este tipo de ecosistema ha sido proporcionalmente más alterado que cualquier otro tipo de ecosistemas en Colombia”.

Las constructoras hicieron lo que la ley les exigió, pero cumplir con la norma no basta cuando lo que está en juego es la vida silvestre. Las cifras de las especies desplazadas y los ecosistemas en peligro dejan partes inconclusas. Si bien existen datos sobre una reubicación inicial para mitigar el impacto de estas constructoras, pues dentro de las obligaciones estipuladas en materia medioambiental existe la resolución 1394 de 12 de septiembre de 2016: “deberá dar protección a la fauna existente en el predio que se va a intervenir, los individuos que se encuentren deberán ser reubicados en áreas aledañas”, la información suministrada por Amarilo de cómo se ejecutaron esos planes o cómo se ha desarrollado la vida silvestre tras esa reubicación es escasa o inexistente. Falta información pública verificable sobre el destino real de estas especies tras su desplazamiento.

La ausencia de datos de seguimiento impide evaluar si las medidas de mitigación fueron efectivas. En un ecosistema tan afectado como el bosque seco tropical, cada pérdida cuenta y cada vacío en esa información sigue dejando abierta la pregunta de cuál es el verdadero costo ambiental del crecimiento urbano.